Diana García Cejudo
A pesar de la resistencia y opiniones encontradas con expertos y organizaciones de la sociedad civil, se aprobó la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado Querétaro”. Esta ley debe garantizar el derecho humano al agua tal como lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, pero lograrlo no es una tarea sencilla en el contexto de infraestructura deficiente, concesiones privadas privilegiadas, estrés hídrico y una falta de gestión integral que considere un futuro sostenible.
Parte importante de la ley se centra en ordenar o regular la prestación de servicios ya concesionada, pero reconoce que la operación privada tendrá mayor participación sin considerar el monitoreo y control que éstas requieren. Desde este punto de vista, el principal reto es tener un marco integral que realmente permita el ordenamiento de la prestación de servicio de agua potable, potabilización, drenaje y alcantarillado y con mayor fuerza, el tratamiento y disposición de aguas residuales.
El enfoque debería ser dotar de los instrumentos normativos para la gestión integral que desde la propuesta aprobada deja mucho que desear. Así mismo, la construcción de una ley con tanto impacto en nuestra ciudad debía de llamar a procesos más abiertos de participación ciudadana. Nuestra ciudad necesita más voces y muchos más escuchas que promuevan una ciudad más equitativa, saludable y de todes. Que el agua sea lo que nos mueva a mejores realidades comunes.
MT
