Mario Maraboto
En reiteradas ocasiones, desde su última campaña electoral hasta el presente, el presidente López ha expresado en diversos foros, principalmente en su show mañanero, que se acabó la impunidad y que determinados actos presuntamente criminales no quedarán impunes.
El 3 de febrero, por ejemplo, declaró: “Aquí es importante destacar primero que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales y materiales de esos crímenes (contra periodistas) que van a quedar impunes”. La realidad es que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “Más del 93 por ciento de los crímenes cometidos contra comunicadores y periodistas quedan impunes”.
En el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, el 29 de agosto el presidente dijo que “se sabe quiénes participaron, todos los que participaron, y no va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados”, luego comentó que ya había alrededor de 80 órdenes de aprensión. Un mes más tarde la Fiscalía General de la República solicitó la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención y no sólo no se acabó la impunidad, sino que la situación se volvió más compleja.
Ni qué decir del caso de Pío López Obrador, liberado de responsabilidad por un agente del ministerio público, con relación a los videos en los que se le ve recibiendo dinero en el marco de las elecciones, y que el mismo imputado confirmó que era para el “movimiento”, (que se intuye era el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA). La exoneración no la dio, como corresponde, un juez. A los ojos de muchos, hubo impunidad.
La impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y castigo. El hecho de que, en dado caso, se detenga, se juzgue culpable y se dicten castigos a algunos participantes en un delito no significa el fin de la impunidad, en tanto otras personas sigan cometiendo el mismo delito. La impunidad es el fin de un acto delictuoso, no el solo enjuiciamiento de los culpables.
Conforme al Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por la Universidad de las Américas en Puebla, México “aún presenta un índice alto (de impunidad) de 49.57 puntos (Eslovenia es el país con el menor índice con 20.26 y Tailandia tiene el puntaje más elevado con 62.82)”. Es decir, la impunidad sigue vigente y no se notan los esfuerzos reales por parte del gobierno para, si no terminar con ella, al menos irla acotando.
Terminar con la impunidad implica aplicar las leyes, no cuestionar “que no me vengan con que la ley es la ley”; asimismo, se debe notar el esfuerzo desde el gobierno mismo deteniendo y juzgando a funcionarios y familiares con riquezas cuestionables, y no exonerarlos anticipadamente sin un juicio; implica dejar de asignar obras sin concurso (o con concursos simulados), transparentar los recursos canalizados a sus obras y su real ejercicio, informar con veracidad y reconociendo sus propios errores, suspender las intimidaciones y amenazas a jueces, periodistas y todo aquel que cuestiona, entre muchas otras acciones.
La impunidad está en la base de la inseguridad en que vive el país. Los esfuerzos realizados por gobiernos anteriores por al menos atajarla, fueron impunemente desechados por el actual presidente a través de la continua intimidación y la inacción frente a la delincuencia y sus actores, ya sean intelectuales o materiales.
Habrá impunidad mientras sigan asesinando a comunicadores; en tanto no se juzgue a los culpables de la masacre de Ayotzinapa (y de otras más que se siguen dando); y mientras los políticos sigan recibiendo dinero en efectivo fuera de lo prescrito por la Ley y sean exonerados por quienes no tienen la facultad legal de hacerlo. Seguro no será en el actual gobierno.
