Antes de que termine el año 2023, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José, Costa Rica, sesionó un tema sumamente importante que se asocia con la responsabilidad de las empresas por violaciones a derechos humanos, particularmente, las que están en el rubro del comercio de armas de fuego en nuestro país.
Previo a que entremos en materia, me gustaría resaltar que las personas morales, tienen la obligación de promover prácticas responsables en beneficio de los derechos fundamentales conforme a los estándares previstos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese sentido, estimada o estimado lector, sin importar el sector y/o la actividad preponderante del empresario, tiene que actuar con debida diligencia, ello con una perspectiva de dignidad humana.
Respecto a las armas de fuego, se expuso en la jurisdicción interamericana, que los artífices de la industria armamentista en México, no pueden deslindarse del mal uso de sus productos que se encuentran en manos de los grupos del crimen organizado, en otras palabras, no pueden existir transacciones desmesuradas e irresponsables con tal de obtener un lucro.
Aunado a esta postura, el abastecimiento de armas de fuego en el territorio nacional, aumenta la criminalidad y la sensación de inseguridad que ha permeado entre nuestros connacionales, máxime de que, en otros países, la comercialización de armas se considera una excepción, no un derecho.
Una vez esclarecido este contexto, vuelve a la conversación, la necesidad de que las personas jurídicas generen protocolos de actuación con visión pro persona sin importar su giro.
Ha sucedido que se preocupan, única y exclusivamente de sus obligaciones laborales, fiscales o corporativas, considerando el respeto, promoción garantía y defensa de los derechos humanos como un lujo sin mayor beneficio.
En suma, será interesante el resultado de la opinión consultiva que peticionó el gobierno mexicano, misma que generará un precedente para la debida actuación de nuestra comunidad empresarial.
Sergio Arellano
- Asesor en Derechos Humanos
- @siarellano5
