Mario Maraboto
El lunes de la semana pasada se confirmó la muerte de quien fue el primer Secretario de Hacienda del actual gobierno, Carlos Urzúa, quien, el 9 de julio de 2019 presentó su renuncia al cargo. Antes de él había hecho lo propio el entonces director del IMSS, Germán Martínez, el 21 de mayo del mismo año, a pocos meses de haber iniciado el sexenio.
Ambos, preocupados porque su labor al frente de sus respectivas instituciones contribuyera a una transformación positiva del manejo de la economía y de la salud, respectivamente, al renunciar se convirtieron en analistas críticos de las acciones gubernamentales desde sus respectivas trincheras laborales y a través de sus colaboraciones periodísticas.
Ambos, en su renuncia, expusieron lo que al paso del tiempo se ha hecho evidente: improvisación, influyentísimo, conflictos de interés, autoritarismo, necedad e ineptitud. Basta con leer algunos párrafos de sus respectivas renuncias:
Urzúa mencionó discrepancias porque “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. Tenía razón y evidencia de ello han sido las obras emblemáticas del presidente: iniciadas sin planeación financiera, con costos estimados que han sido rebasados por mucho, sin los debidos estudios y autorizaciones de impacto ambiental, cuyos cuestionados resultados han sido una refinería que no ha refinado petróleo y frecuentemente se inunda, un tren que ha destruido gran parte del ecosistema ecológico de la Península de Yucatán, o una aerolínea que no acaba de “despegar.
Todo ello -y mucho más- ejecutado contrario a la convicción del exsecretario: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo”.
Más adelante, menciona lo inaceptable de “la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”, lo cual, en la realidad trascendió la hacienda para abarcar todos los órdenes de la administración pública. Con la utopía de que se necesitan “servidores públicos con 90% de honestidad y solo 10% de experiencia”, los organismos públicos empezaron a ser administrados por personas que no responden al perfil del puesto.
Por su parte, el exdirector del IMSS expresó en su renuncia que “…los funcionarios conservadores, neoliberales, controlan el gasto en servicios de salud pública…”. Justamente el actual gobierno “humanista” se ha comportado en el sector salud como los conservadores neoliberales: ha controlado el gasto en salud pública desviando dinero hacia otros propósitos, lo que desde el inicio de su gobierno generó un desabasto de medicamentos que pretendió solucionar con la ocurrencia de una mega farmacia “en donde se encuentren todos los medicamentos del mundo” aunque tarda días en surtir algunas recetas porque “no están en el catálogo”, según responden en el teléfono, y tiene un récord de 3 recetas al día.
El control del gasto en salud se acentuó con la pandemia. Independientemente de que el médico encargado de su gestión actuó más como político que como científico, la ”austeridad” derivó en carencia de suministros médicos y materiales cuyo resultado fue que, según el informe “La respuesta de México al COVID-19: Estudio de Caso”, de la OMS, “México fracasó en su respuesta a la pandemia en relación con países comparables. El país tiene una de las tasas más altas de casos y muertes por COVID-19”.
El sello que ha caracterizado al actual régimen ha sido la ineficacia y la corrupción descarada. Y la candidata oficial a la presidencia amenaza con “construir el segundo piso de la transformación”. ¿será que piensa duplicar la ineficacia y la corrupción?
