Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos

@siarellano5

La austeridad republicana fue un eje central de la campaña del Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Con entusiasmo, se tenía la percepción de que esta enmienda significaría, por ejemplo, eliminar los gastos superfluos de aquellos funcionarios con gustos personales de primer mundo.

Contrario a esta utopía, se ha tenido una disminución de presupuestos destinados para la academia, investigación, el apoyo a emprendedores, entre otros; razón por la cual, estimada o estimado lector, es digno de reconocer el contrapeso que puede revestir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resolvió por conducto de la Primera Sala, un amparo indirecto promovido por una empresa productora de cine en contra de la aprobación y expedición del decreto de 6 de noviembre de 2020 en el que se aprobó la desaparición del el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).

En este estudio, el alto tribunal mexicano, delimitó la inconstitucionalidad del acto reclamado en la inteligencia de que se vulneró el derecho a la libertad de expresión así como al acceso a la cultura al erradicar el fondo en comento, refiriendo que representaba un retroceso legislativo que no fue justificado, en otras palabras, no se tuvieron los argumentos racionales para invalidar el apoyo a la industria cinematográfica del país, máxime que no se otorgaron medidas similares para la salvaguarda de tales derechos.

En consecuencia, este antecedente resulta un revés para las autoridades o “representantes” que atentan contra los derechos fundamentales de la colectividad, toda vez que buscamos la progresividad y no el retroceso.