Pedro L. Jáuregui Ávila
Periodista y colaborador del diario La Opinión de Cúcuta en Colombia, desde hace 35 años. Egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander y del Instituto Técnico Nacional de Comercio
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el 10 de diciembre de 2016 en Estocolmo, Suecia, el premio Nobel de la Paz, por su tenacidad para perseguir ese propósito después de más de 50 años de un cruento conflicto en el que los que más sufrieron fueron las clases menos favorecidas.
Las víctimas fueron los hijos de agricultores y nunca los de pudientes, porque ellos compraban las libretas militares o se iban al extranjero a estudiar para eludir la responsabilidad de prestar el servicio militar, obligatorio en el país.
Desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz y se conoció que el presidente Santos era el merecedor del premio Nobel, se desató una guerra sucia en la que nadie le apostó a la dignidad, sino a dañar el adversario político.
Este hecho ratificó que la clase política, una buena parte, no quería la paz, porque mientras el país viviese en ese clima bélico podrían seguir muy tranquilos su recorrido de corrupción, pero esa situación conllevó casi por inercia a que el país se enterase de que el peor cáncer de la sociedad era la corrupción, todos se tapaban con la misma ruana.
Los grupos políticos dieron a la luz pública documentos y grabaciones para ensuciar a su rival, no por cuestión moral, sino pensando que sería el mejor argumento para acabar con el opositor, pero ocurrió un curioso efecto búmeran, porque la venganza no se hizo esperar en el mismo tono y de esa manera se fue destapando una olla podrida de gran magnitud que también envolvió las campañas políticas de los principales candidatos.
En el lapso de un año y de manera gradual salieron a flote las corrupciones de la firma brasileña Odebrecht, Reficar, InterBolsa, Saludcoop, la Justicia, los carteles de la hemofilia, pañales y la alimentación escolar entre otros. El monto del detrimento de los recursos del estado nunca se sabrá con certeza, pero lo cierto que serviría para evitar la quiebra del sistema de salud y de la educación del país.
Pero eso no es lo peor, si los que juzgan son los corruptos y los acusados son los que los pusieron en esos cargos ¿qué se puede esperar?
