Todo comenzó con la implementación de la “diputación provincial”, ¿la habían escuchado? En un esfuerzo editorial, el Colegio de México en colaboración con la UNAM, publica un interesante análisis sobre el tema.
Data su nacimiento en las juntas provinciales que surgieron en España en 1808, teniendo un auge importante en la Constitución española de 1812. Cabe recalcar que esta figura perduró y se adecuó al federalismo mexicano a través de nuestro andar constitucional.
Es motivo de orgullo para los estadistas nacionales, la elocuencia de Miguel Ramos Arizpe; diputado de las provincias y jurista apasionado en la igualdad de derechos, tal y como lo demostró en lo plasmado en nuestra Carta Magna de 1824. Al hablar de nuestros representantes en la cámara baja, más allá de la historia que antecede a los legisladores, los ciudadanos relacionan un sentimiento repulsivo y apático; con carencia de credibilidad.
Desde la antigua Grecia, ser funcionario representaba un honor. Ser un gobernante implicaba sabiduría, conocimientos, reflexión; la perversión de la labor pública encontró un maridaje en la corrupción, el privilegio y la ambición propia.
En el caso del México actual, se cuenta con diputados en exceso, 500 salarios por pagar (solo en el ámbito federal) más todas las prestaciones que conlleva. Es un costo altísimo para la democracia. En un estudio llevado a cabo por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se afirma lo anterior; solo en la Ciudad de México, el congreso cuenta con 30 trabajadores por diputado.
Sucede lo mismo en Baja California, en donde un legislador local cuenta con 27 empleados; en comparación con Coahuila y Colima, solo se ocupa un equipo de 4 personas. Imagine, estimado lector, si el ciudadano no confía en la voz que habla por él en el Congreso de la Unión, ¿qué provocará el ver en medios televisivos el enfrentamiento entre corrientes políticas? Recientemente observamos el circo provocado por Fernández Noroña y Porfirio Muñoz Ledo, ¿es lo que merecemos?
Me pregunto si eso hubieran deseado los constituyentes de 1917 o los precursores de la constitución de 1857 sobre sus legisladores.