Roberto Mendoza
Este gobierno tiene prisa y para lograr sus propósitos recurre hasta a la ilegalidad, el presidente uso al principio la manipulación. Una de sus promesas de campaña fue cancelar el Aeropuerto que se construía en Texcoco, para eso justificaba que era una zona lacustre, que se atentaba contra el medio ambiente, que los terrenos junto al aeropuerto habían sido comprados de manera irregular por políticos y que con estos se iban a enriquecer. Todo esto no constituía una ilegalidad, viendo que no iba a poder, él mismo ha dicho que pasaba noches en vela ideando cómo lograr su objetivo, finalmente con el escudo de la legitimidad, convocó a una encuesta para preguntarle a todo el país si debería cancelarse, los resultados dieron el resultado deseado y se canceló, como consecuencia se amplió el aeropuerto de la base aérea militar de Santa Lucía, que nadie usa y al que no se puede llegar, todos perdimos, pues no se puede calificar como un triunfo para este gobierno.
Hace unos días el presidente recurrió a una zona gris de la ley; sin tener pleno derecho, por medio de un acuerdo, las funciones administrativas de la Guardia Nacional pasaron de ser civiles a manos de militares. Hay una diferencia en la legalidad entre poder y deber, el presidente ya pudo suscribir este acto, pero la Suprema Corte deberá decidir si es legal o no.
Esta forma de gobernar, al filo de la legalidad, permea en la administración pública llegando peligrosamente a los otros poderes de la República. Hace unos días los diputados de morena intentaron destituir al presidente de la Comisión de Gobernación. Ellos mismos saben que esto es ilegal, así que han enviado una carta a la presidencia de la Cámara para que se discuta en el pleno esta decisión.
La asamblea general o pleno de la Cámara de Diputados es la máxima instancia de este recinto, los 500 diputados pueden decidir lo que se necesite en su vida interna, sin embargo, para hacer más expeditas las decisiones, existe una instancia llamada Junta de Coordinación Política (JUCOPO), donde precisamente están los coordinadores de las fracciones parlamentarias, ahí usualmente se toman la mayoría de las decisiones y ya con un acuerdo previo, se votan en el pleno. Si se llegara a votar la presidencia de esta comisión directamente en el pleno, de facto se desconocerían los acuerdos previos y la JUCOPO quedaría rebasada, inservible. Si se discute una, ¿por qué no todas las demás? ¿Cuál es la garantía de la civilidad política? Más allá de eso ¿Los partidos de la mayoría pueden, en pleno derecho, pasar por encima de los acuerdos previos? ¿No se prestará esta acción a cualquier tipo de chantaje?
La mejor palabra que describe este gobierno es gandalla, es abusivo y ventajoso, busca imponerse en todo y su arma más letal es, la amenaza, morena y amigos la usan sin decoro, dirán: si no quieren que destruyamos la JUCOPO, quiten por su voluntad al actual presidente de la Comisión de Gobernación. O hasta: no tenemos problema en que Santiago Creel sea presidente de la Cámara, pero que pase a votación el acuerdo de destitución de la comisión. Si los partidos ceden, el arma ya está desenfundada, ahora cualquier decisión pasará por esta aduana y se viene el presupuesto, el dinero que mueve a la nación, si esta discusión se ve envuelta en el chantaje, entre otras muchas cosas, varios gobiernos se pueden quedar sin su presupuesto, El INE, los Tribunales, lo que decida morena y sus aliados, destruir los acuerdos podría tener consecuencias, hasta fatales.
¿Lo pueden hacer? A los expertos que he consultado les ha parecido una locura, pero no algo imposible, este gobierno, me han dicho, es capaz de todo. Ojalá esto no pase, pero la duda, es razonable.
