Uno de los parámetros más claros para medir los avances en el Estado de derecho mexicano, se encuentra en el estudio que enlista: World Justice Project.
En ese orden de ideas, estimada o estimado lector, me sorprendió el entusiasmo del Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, al advertir que fuimos el primer lugar; los galardonados por obtener “los mejores” avances en la materia.
Por supuesto que me compartió su emoción con tal noticia, ya que tengo una residencia aproximada de 12 años en esta ciudad. Sin embargo, mis ánimos se desvanecieron cuando confirmé que todo era una estrategia de marketing y que volvimos a caer en el engaño de lo sucedido en la evaluación del año pasado, ya que somos “los sobresalientes” en un ranking de “los menos peores”.
Lo anterior, cobra sentido porque encuadramos en el puntaje de: 0.49 en una escala de: 1.0 y con un notable rezago a nivel nacional en cuanto a los rubros de gobierno abierto y seguridad; mientras que en la valoración del plano local, se puede apreciar que el poder legislativo no es un contrapeso, la ausencia de sanción ante abusos de poder, la incompetencia de las fiscalías al investigar los delitos, las personas no conocen sus derechos y por si fuera poco, no hay una justicia civil de calidad; entre otras cuestiones.
Bajo esa premisa, la invitación para el gobierno estatal es muy específica: enmendar estos criterios con personal capacitado para resolver las necesidades que imperan, volver los procesos administrativos cada vez más eficientes y acercarse a la ciudadanía para informar el valor de la exigencia de sus derechos fundamentales. Sin mencionar, la colaboración estrecha con el poder judicial y legislativo para que la justicia no sea una utopía.
Sergio Arellano
Asesor en Derechos Humanos
@siarellano5
