Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos

@siarellano5

Si consideramos que estamos inmersos en un colectivo que sostiene relaciones comerciales, llegaremos a la conclusión de que los procesos de producción, distribución o empaquetado, suelen ser determinantes. En esta ocasión, estimada o estimado lector, quiero destacar la importancia de ciertas iniciativas alineadas con el derecho fundamental a un medio ambiente sano, mismas que tienen por finalidad, mejorar la actividad empresarial con una “política verde” ya que los quehaceres corporativos, impactan directamente en la población.

Tomando como ejemplo el e-commerce, se ha propuesto una regulación para los envíos a domicilio, toda vez que, en el año 2021, se registraron 86 mil toneladas de plásticos innecesarios, equivalentes a unos 29 camiones de basura llenos. Con esta simple ilustración, podemos coincidir en que la acción climática no puede retrasarse; los gobiernos tienen que emprender una serie de medidas más efectivas mediante la implementación de políticas públicas y/o reformas legislativas que incentiven una consciencia ambiental.

Acorde al último informe del Colegio de Contadores Públicos de México, solamente 14 de 32 estados cobran impuestos verdes aplicados sobre todo por la generación de dióxido de carbono, entre los que destacan, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Guanajuato, Coahuila y Oaxaca. Por lo antes mencionado, queda en evidencia, la labor incansable de la sociedad civil organizada en confirmar el retraso en la agenda medioambiental, sobra decir que los canales institucionales, tienen que ser receptivos ante una realidad inminente.